Valenciano y Morán consideran “desproporcionada” la respuesta de las autoridades danesas y piden “la pronta puesta en libertad de López de Uralde”

Hugo Morán

Los responsables de Política Internacional, Elena Valenciano, y Medio Ambiente, Hugo Morán, han puesto este martes de manifiesto la profunda preocupación que existe en el PSOE por la situación que vive el Director Ejecutivo de Greenpeace España, Juan López de Uralde, quien permanece detenido en Copenhague desde el pasado 17 de diciembre y que actualmente sufre un régimen de aislamiento, junto a presos comunes. Valenciano y Morán han criticado las medidas “desproporcionadas” que se están aplicando a López de Uralde ya que “consideramos que los hechos que se van a juzgar son de muy escasa gravedad”.

Los dirigentes socialistas, que han pedido a las autoridades danesas “una pronta solución”, expresaron su confianza en que la respuesta judicial que se arbitre en último término “esté en consonancia con la relevancia de los hechos juzgados, ya que no estamos ante una acción terrorista, ni siquiera ante unos hechos estrictamente delictivos o que hayan generado alarma social”.

Igualmente, han manifestado su deseo de que la decisión que adopte el tribunal danés esté “en consonancia” con las que se han producido en otros países de la Unión Europea, cuando ha habido acciones similares protagonizadas por organizaciones o activistas ecologistas; Morán y Valenciano han afirmado también su confianza en los tribunales daneses.

HUGO MORÁN VIAJA MAÑANA A COPENHAGUE

El PSOE ha venido haciendo un diario seguimiento de los acontecimientos e interesándose especialmente por la situación de Juan López de Uralde. Precisamente, el Secretario de Medio Ambiente, Hugo Morán, tiene previsto acudir hoy miércoles a Copenhague, para asistir el jueves a la Vista que se celebrará para dilucidar judicialmente el tratamiento que se dará a los hechos, en caso de que la misma sea pública, o para mantener un encuentro con los representantes de Greenpeace desplazados en Dinamarca, en caso de que el proceso se desarrolle a puerta cerrada.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha asegurado a PSOETV que la reforma de la ley del aborto permitirá “mayores garantías para las mujeres y los profesionales”. Aído ha insistido en que al Gobierno le “corresponde garantizar la seguridad y no dejar rendijas a la clandestinidad”.

“En el Gobierno estamos abiertos al consenso en la negociación parlamentaria”, ha afirmado Aído a PSOETV contestando a la pregunta sobre las demandas de algunos grupos parlamentarios y colectivos para modificar la parte de la ley que se refiere a que las jóvenes de 16 años puedan abortar sin informar a sus progenitores. La titular de Igualdad ha hecho hincapié en que la reforma es fruto de “un año de trabajo” con expertos en el Parlamento para un proyecto de ley que “nos acerca a los países de nuestro entorno”.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Bibiana Aído también ha hecho balance sobre la Ley Integral contra la Violencia de Género y sus cinco años de vida. La ministra afirma que ha supuesto “un punto de inflexión, un paso valiente al reconocer el problema y sacarlo del ámbito privado al público con recursos, rigor y honestidad”. La responsable de Igualdad ha recordado que este año se cerrará con más de 100 juzgados en marcha dedicados a la violencia de género y que los PGE para 2010 contemplan una inversión de 300 millones de euros para luchar contra esta lacra.

Además de las cifras, Aído se mostró satisfecha de que el trabajo del ministerio haya logrado que la sociedad “reconozca” el problema “sacarlo del ámbito privado al público para hacernos todos responsables”. Según la ministra de Igualdad, “hemos conseguido que el rechazo a este tipo de violencia parta de la propia sociedad”.

Los objetivos más inmediatos son que “no haya impunidad” con los agresores, trabajo en profundidad con “los colectivos vulnerables” e “implicación de los jóvenes” para evitar las agresiones machistas.

LEY DE IGUALDAD DE TRATO

También ha avanzado, en PSOETV, que la Ley de Igualdad de Trato que se está preparando el ministerio trata de “avanzar hacia una sociedad más democrática”. “No podemos permitir que una persona pueda ser tratada peor por tener unas circunstancias sociales o personales diferentes”. Y ha explicado que dicha normativa contará con “herramientas de prevención y políticas activas para garantizar la igualdad de trato”.